Después de que ayer llegarán a Bucarest los primeros tres aviones con gitanos deportados por el Gobierno de Sarkozy, las críticas por la medida no se han hecho esperar.

Traian Basescu, presidente rumano, comentó ayer que "lo que está pasando es una prueba de que debemos tener un programa de integración europea de los ciudadanos romaníes teniendo en cuenta que no debe confundirse la asimilación con la integración".

Esta no es la primera petición de este tipo que realiza el Gobierno de Rumanía, ya que la población gitana en Italia, en su mayoría de origen rumano, sufrió el acoso de las autoridades transalpinas en 2008.

El Vaticano también se ha pronunciado al respecto. En concreto, Monseñor Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para los Migrantes e Itinerantes de la Santa Sede, ha dicho que esta decisión va en contra de la legislación europea y también de la ley francesa.

Matthew Newman, portavoz de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Comisión Europea, reconoció el miércoles que los Estados miembros tienen la posibilidad de restringir la libertad de circulación siguiendo ciertas condiciones. Sin embargo, Newman recalcó que el Ejecutivo comunitario sigue el caso para verificar que todas las reglas han sido respetadas.

Ante este aluvión, y en respuesta a la advertencia de la Comisión Europea de que vigilará las expulsiones, París ha asegurado que se está respetando todas las normas comunitarias en las deportaciones reanudadas ayer.

Según Brice Hortefeux, ministro francés de Interior, lo que se trata con esta medida es que se cumpla la ley y "cuando un ciudadano europeo no tiene medios de subsistir en Francia, no tiene derecho a quedarse más de tres meses".´

De hecho, Hortefeux se atrevió a "invitar" a la Comisión Europea a que se movilice para conseguir una integración efectiva del colectivo gitano.

Restricciones para los nuevos Estados de la UE

Rumanía y Bulgaria son miembros de la UE desde el 1 de enero de 2007. Como ciudadanos comunitarios, los nacionales de estos países tienen derecho a circular libremente por el territorio francés durante tres meses como máximo. Esta medida suele ser corriente en los denominados periodos transitorios dados a los nuevos Estados miembros, que en el caso de rumanos y búlgaros, se aplica hasta 2012 en Francia. A partir de ese plazo, deberán haber conseguido un contrato de trabajo, a excepción de los estudiantes, que les proporcione las garantías necesarias para residir en ese país.

No obstante, no existe norma alguna que les impida regresar a territorio galo si lo desean, y residir de forma legal durante otros tres meses antes de poder volver a ser expulsado.

Después de las deportaciones de ayer, son varios los vuelos previstos para tal fin hasta finales de agosto. En total, 850 personas serán trasladadas a sus países de origen, que se unen a los llevados en los 27 vuelos de este año. Ya el pasado año, el Gobierno galo operó 44 vuelos de este tipo, repatriando hasta 10.000 romaníes.

Hoy ha despegado desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París un avión con 130 gitanos ilegales, rumbo a la ciudad rumana de Timisioara.