La iniciativa ha contado con 484 votos a favor, 109 en contra y 12 abstenciones, y ha sido apoyada por los principales grupos europarlamentarios. Lo han rechazado los Verdes, la Izquierda Unitaria Europea y una parte del grupo Europa de la Libertad y la Democracia.

El acuerdo prevé la eliminación, a medio plazo, de las transferencias de datos 'a granel'. Ésta era precisamente una de las mayores preocupaciones de los eurodiputados, que temían que de otro modo pudiera incurrirse en una violación injustificada de la privacidad de los ciudadanos. A su vez, el acuerdo no cubrirá las transferencias de datos dentro de la UE, sino sólo aquéllas que afectan a los movimientos financieros hacia terceros países.

A cambio de su apoyo al acuerdo, la Eurocámara ha conseguido que empiecen dentro de un año los trabajos para la puesta en marcha de un equivalente europeo de este programa nortamericano.

Además, la nueva versión del acuerdo prevé que el uso de datos por parte de Washington, que debe ceñirse a fines antiterroristas, sea analizado por un grupo de supervisores independientes, incluyendo un representante de la UE designado por la Comisión y el Parlamento Europeo. Esta persona podrá exigir una justificación antes de que se utilicen los datos y bloquear las investigaciones que considere ilegítimas.

El texto estipula que los datos extraídos sólo podrán ser conservados durante el desarrollo de las investigaciones para las que son utilizados. Cada año, el Departamento del Tesoro estadounidense llevará a cabo una evaluación para identificar todos los datos que ya no resulten necesarios para luchar contra el terrorismo. Una vez identificados, tendrá que suprimirlos definitivamente en un plazo de cinco años.

Otra novedad del acuerdo es que la Oficina de la Policía Europea (Europol) podrá bloquear las transferencias de datos a Estados Unidos. De esta forma, la agencia será la encargada de verificar que las solicitudes del Tesoro norteamericano estén justificadas en el contexto de la lucha contra el terrorismo y que el volumen de datos pedidos sea lo más limitado posible.

"Doble garantía"

Cecilia Mälmstrom, comisaria europea de Asuntos de Interior y principal artífice del acuerdo, ha expresado su satisfacción por el apoyo de la Eurocámara y ha asegurado que este programa ofrecerá a los ciudadanos una "doble garantía: en primer lugar, una completa transparencia en lo referido al acceso y uso de los datos; en segundo lugar, acceso a las herramientas y procedimientos adecuados para asegurar que se protege la privacidad".

También se ha felicitado por el resultado de la votación José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, quien ha dicho que el acuerdo "respeta el equilibrio adecuado entre la necesidad de seguridad de los ciudadanos frente al terrorismo y la de garantizar los derechos fundamentales y las libertades civiles". A su vez, ha subrayado que el SWIFT "ayudará a reforzar las relaciones trasatlánticas".

El eurodiputado liberal alemán Alexander Alvaro, ponente del informe sobre el acuerdo, ha subrayado que el pacto es el resultado del trabajo de la Eurocámara por proteger la privacidad de los ciudadanos y por "remplazar la transferencia de datos en masa por un sistema europeo de transferencia adecuadamente controlado".

Voces en contra

Menos entusiasmo han demostrado desde Izquierda Unitaria Europea. Uno de sus miembros, el portugués Rui Tavares, ha declarado que el acuerdo es "una violación de los derechos fundamentales de europeos inocentes". También ha cuestionado que el rol de supervisión haya sido concedido a Europol, decisión que ha catalogado como "absurda, ilegal e inconstitucional".

Tampoco se han mostrado elogiosos, como es habitual, los representantes del grupo Europa de la Libertad y la Democracia. Uno de sus diputados, el británico Gerard Batten, ha calificado la propuesta de "ilegítima desde un punto de vista democrático". A su vez, ha hecho hincapié en que estos datos financieros "pertenecen a los individuos y no a la UE ni al Parlamento Europeo".